Cientos de niños inmigrantes ahora están retenidos en un refugio de Homestead

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El gobierno del presidente Donald Trump ha abierto nuevamente un albergue en Homestead que fue utilizado en años recientes para alojar a menores indocumentados que entraron solos al país. La reapertura del complejo llega en momentos en que la Casa Blanca enfrenta críticas por una nueva política de separar a hijos menores de sus padres, quienes son detenidos por las autoridades de inmigración al cruzar la frontera entre Estados Unidos y México.

El lunes no quedó claro si el Homestead Temporary Shelter for Unaccompanied Children alberga a menores que cruzaron la frontera solos, niños que fueron separados de sus padres al entrar al país indocumentados o una combinación de ambos. Un vocero del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), que supervisa el albergue, no aclaró el estatus de los niños en una entrevista por correo electrónico, limitándose a decir que ambos grupos son categorizados como “menores extranjeros no acompañados”.

“Homestead es una instalación temporal activa para menores no acompañados”, dijo el vocero Kenneth Wolfe.

Al preguntársele si los niños que fueron separados de sus padres y alojados en el albergue de Brownsville, Texas, son de la misma manera clasificados como “menores extranjeros no acompañados”, Wolfe respondió que sí.

La revelación llega en medio de una creciente controversia sobre los albergues temporales en la frontera, incluyendo un antiguo Walmart en Brownsville, Texas, y otros lugares que están a máxima capacidad como resultado de la política de “cero tolerancia” implementada por la administración Trump.

Funcionarios federales no dijeron exactamente cuántos menores se encuentran en el albergue de Homestead. Pero en una reunión el lunes por la mañana, la oficina de la congresista demócrata de Florida, Debbie Wasserman Schultz, dio a conocer que tendría casi 1,000 menores. Un vocero de Wasserman Schultz dijo al Miami Herald que no conocen el estatus de los menores.

Una fuente del Congreso dijo al Miami Herald que, según el gobierno de Trump, el albergue tiene 1,000 camas y sugirió que la cantidad de menores ubicados allí pudiera ser menor.

La tarde del lunes, docenas de chicos jugaban futbol detrás de la oscura valla que rodea el complejo a 35 millas al suroeste de Miami. Un guardia de seguridad privado intentó impedir que los medios grabaran la escena desde la vía pública afuera del recinto, acusando a los reporteros de transgresión de la propiedad.

Bajo la administración de Obama, la instalación de Homestead albergó a menores que ingresaron ilegalmente al país sin sus padres durante el éxodo del 2014. Los menores estuvieron ahí desde junio del 2016 y el albergue fue cerrado en abril del 2017, cuando la cifra de personas que cruzaron la frontera bajó signficativamente tras la elección de Trump. Sin embargo, el albergue fue reabierto discretamente hace “varios meses” bajo el gobierno de Trump, según Wolfe, el vocero del HHS.

La información solo se hizo pública luego de las declaraciones de la oficina de la congresista Wasserman Schultz. El senador demócrata Bill Nelson anunció en Twitter el lunes por la tarde que visitaría el albergue el martes.

Los medios de comunicación recorrieron la instalación de Homestead en un momento en que la administración de Obama estaba bajo escrutinio por lo que se describió como una crisis de niños que ingresaban ilegalmente a Estados Unidos desde Centroamérica. El complejo es un antiguo centro federal de Jobs Corps y tiene dormitorios, instalaciones recreativas y aulas.

El albergue opera bajo la supervisión de la oficina para reubicación de refugiados (ORR), una dependencia de HHS que administra los programas de menores que buscan asilo, llamados en inglés “unaccompanied alien minors”.

Comprehensive Health Services, un contratista de Cabo Cañaveral, administra las instalaciones, de acuerdo con documentos de contrataciones federales publicados en internet. Una publicación de febrero muestra un contrato de $30 millones por 500 camas en Homestead. El contrato fue enmendado el 4 de mayo para agregar medio millar más de camas.

Durante un periodo de seis semanas entre abril y mayo, casi 2,000 niños fueron separados de sus familias en la frontera, después de que el secretario de Justicia, Jeff Sessions, anunciara la política de “tolerancia cero”. Bajo esa política todos los casos deben ser referidos a las fiscalías para que se presenten cargos a los adultos que cruzan la frontera de manera ilegal, aunque estén solicitando asilo.

Las leyes estadounidenses prohíben que los niños estén detenidos junto con sus padres porque los menores no están acusados de ningún crimen, pero sus padres sí.

Recientemente la oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas exigió que Estados Unidos cese de inmediato la separación de familias que cruzan la frontera, que “es contraria a las normas y principios de derechos humanos”. Pero la representante de EEUU en las Naciones Unidas, Nikki Haley, respondió que esa organización ni ninguna otra pueden dictar cómo el país vigila sus fronteras.